Centro de Análisis y Debate Público Vinculación

Candidatos que postulan por primera vez al Distrito 20 compartieron sus propuestas

Por Constanza Saavedra Ortega
Fotografía:  Andrés Meza Lagos

El primer encuentro del ciclo, organizado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad de Concepción, congregó a siete postulantes al parlamento. La segunda versión, esta vez con los candidatos que van a reelección, se realizará el viernes 12 de septiembre a las 10.00 horas.

La Sala de Teatro del Centro de Extensión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) fue escenario del primer Foro Panel del ciclo “Desafíos para el Biobío”, organizado por el Centro de Análisis y Debate Público UCSC junto a la Universidad de Concepción (UdeC), que reunió a siete candidatos del Distrito 20 que buscan llegar por primera vez a la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objetivo de compartir sus visiones sobre los principales desafíos regionales, responder a las interrogantes de la ciudadanía y presentar los proyectos que priorizarán en su gestión parlamentaria. El evento contó con la presencia del Rector de la UCSC, Dr. Cristhian Mellado, y del Rector de la UdeC, Dr. Carlos Saavedra.

La actividad, transmitida en vivo por el canal de televisión de la Universidad de Concepción (TVU) y en streaming por el canal YouTube de la UCSC, se desarrolló como un espacio de diálogo ciudadano y académico con ejes en los temas de descentralización, seguridad, empleo, educación superior, energía y desarrollo regional, en un diálogo moderado por Francisco Fuentes, Director del Centro de Análisis y Debate Público, y Fernanda Rubilar, académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política UdeC.

Durante el encuentro, cada candidato presentó sus propuestas para los primeros 120 días de gestión parlamentaria, que serán monitoreadas por el Centro de Análisis y Debate Público UCSC para verificar su cumplimiento.

Ana Albornoz (IND-FRVS) propuso un reglamento que garantice el pago oportuno a las pymes dentro de 30 días, destacando que son las principales generadoras de empleo, pero que la demora en los pagos las asfixia financieramente.

James Argo (Partido Republicano) planteó el “Desafío 90” de su sector político, con foco en seguridad y la creación de cárceles de alta seguridad, además de impulsar una zona franca para el Biobío.

En la misma línea, Henry Campos (UDI) advirtió sobre el aumento del delito de extorsión y comprometió un proyecto para endurecer penas contra quienes amenacen a funcionarios encargados de la persecución penal.

Álvaro Ortiz (DC)  apuntó a reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años, señalando que los jóvenes de esa edad “ya saben lo que están haciendo”.

Daniela Dresdner (Frente Amplio) presentó una propuesta de ley de seguridad integral que incluye la unificación de cámaras municipales, la recuperación de espacios públicos y la prevención barrial para niños y adolescentes.

Víctor Hugo Figueroa (IND-DEM), por su parte, enfatizó en la necesidad de un acuerdo nacional para reformular el sistema procesal penal, cuestionando la “puerta giratoria” y el uso extendido de penas sustitutivas.

En tanto, José Antonio Rivas (PS) defendió la idea de otorgar al Estado un rol empresarial activo, además de promover una ley para jóvenes infractores entre 14 y 18 años al interior del sistema carcelario.

Con este primer foro, el ciclo organizado por la UCSC y la UdeC abrió un espacio de diálogo sobre los grandes desafíos del Biobío, acercando a la ciudadanía las prioridades legislativas de quienes aspiran a representar al Distrito 20 en el Congreso. El encuentro se repetirá el viernes 12 de septiembre a las 10.00 horas, donde los candidatos que van a la reelección se reunirán a presentar sus propuestas y focos de acción parlamentaria.

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Revive la transmisión del primer Foro Panel del ciclo “Desafíos para el Biobío”

No te pierdas las propuestas para los primeros 120 días:

Ana Albornoz: “El primer proyecto que quiero presentar se refiere a las pymes, que son los nuevos explotados, dependen de las grandes empresas o del Estado, porque hay una ley que señala que deben pagarle dentro de 30 días, lo que perjudica enormemente el empleo regional. Hay que pensar que solo el 2% de las empresas a nivel nacional son grandes, los demás son pymes, produciendo gran cantidad del empleo. Al no pagarles a tiempo, generan problemas de créditos e intereses, lo que produce que no puedan cumplir sus obligaciones y quiebren. Voy a presentar un proyecto para crear un reglamento y obtener el pago dentro de 30 días”.

James Argo: “Soy parte del equipo republicano, desde ese punto de vista tenemos el Desafío 90, queremos que en los 90 primeros días el cambio de mano se note en un eventual gobierno de José Antonio Kast y por eso es que van a haber muchos avances legislativos, particularmente en seguridad. Por ejemplo, hemos hablado de las cárceles y la necesidad de haya cárceles de alta seguridad. Probablemente vamos a tener que impulsar una ley que venga a reforzar las que ya hay y que nos permita avanzar con leyes y reglas distintas para avanzar en este periodo de gobierno en cárceles de alta seguridad. Pero además me gustaría mucho avanzar y trabajar en una zona franca para la región del Biobío. La experiencia internacional muestra que hay que aprovechar las potencialidades de la zona centro del país, y como tenemos una vocación industrial, pero también de tecnología, pudiésemos pensar en beneficios tributarios de manera de atraer empresas y atraer empleo”.

Henry Campos: “Seguridad: creo que es importante anticiparnos a los cambios conductuales del delito. Advierto lo que va a ocurrir: va a aumentar el delito de extorsión en nuestro país, delito que no está contemplado dentro de los delitos de mayor connotación social en Chile, pero que, sin embargo, va a ir en aumento producto de que se va a transformar el delito de homicidio, esto pasó en México, Colombia, Guatemala y El Salvador. Voy a proponer un proyecto de ley que aumente las penas para el delito de extorsión, principalmente a quienes se encargan de perseguir el delito. Es decir, a quienes extorsionen a carabineros, a policías de investigaciones, gendarmería, policía marítima, funcionarios encargados de fiscalización, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, funcionarios de aduana, del ministerio público y poder judicial. Tenemos que ser capaces de anticiparnos antes de que tengamos amedrentados y amenazados a jueces y a funcionarios que se encargan de hacer la persecución penal”.

Álvaro Ortiz: “Seguridad. La propuesta que quiero llevar al parlamento no se va a lograr de un día para otro, va a generar una discusión, pero para eso se requiere voluntad. Creo que Chile no se sostiene más que una persona solamente de 18 años para arriba tenga responsabilidad penal, ese es un tema potente. Tenemos que ser capaces de que bajarla -y no a los 14 como algunos populistas han dicho- a los 16. A esta edad son personas grandecitas, saben lo que están haciendo y, peor aún, las personas menores de 18 años son tomadas por estas verdaderas mafias delictuales que los utilizan sabiendo que no van a enfrentar a la justicia, y acá tienen que enfrentar a la justicia. Bajar la responsabilidad penal de los 18 a los 16 años es una de las principales propuestas que voy a llevar al parlamento”.

Daniela Dresdner: “Creo que es esencial, y tiene que ver con recorrer los barrios y escuchar a la gente, mi propuesta es una ley de seguridad integral que considere tres cosas esenciales: lo primero, unificación de centros de cámaras municipales, cada municipio tiene sus cámaras, pero esas cámaras no están conectadas entre sí, es necesario tener una visión general; segundo, recuperación de espacios públicos abandonados, eso implica simplificar los mecanismos para poder recuperar esos espacios públicos independiente de la propiedad, tiene mucho que ver con mecanismos administrativos, no es tan complejo; tercero, prevención barrial de la adolescencia y las niñeces en riesgo, eso quiere decir intervenir barrios con actividades concretas para sacar a los niños de otras actividades”.

Víctor Hugo Figueroa: “Sin duda, el tema de la seguridad ciudadana es el principal problema que aqueja a los chilenos. Es difícil elegir un tema, pero si tuviera que matricularme con uno, creo que sería generar un acuerdo nacional para modificar el sistema procesal chileno, yo creo que ahí está la génesis de muchos de estos problemas que tienen que ver con esta famosa puerta giratoria. Hoy hay un abuso de las penas sustitutivas. Hoy hay 60 mil personas condenadas -no con sospechas ni medida cautelar- con penas sustitutivas de arresto domiciliario, arresto domiciliario nocturno, libertad vigilada, firma mensual, y que de ahí provienen la gran cantidad de delitos que existen en Chile. Por lo tanto, creo que hay que reformular el sistema procesal penal chileno. Lo lamentable es que personas que están con una medida cautelar de arresto domiciliario después, cuando sale la condena, se le restan esos días”.

José Antonio Rivas: “Es difícil elegir, pero creo que es importante otorgarle al Estado el derecho de ser un Estado empresario, es un fundamental. En la medida en que Chile tiene un competidor dentro del mundo empresarial, que es el propio Estado, vamos a lograr que la rentabilidad en Chile se ajuste al propósito de que los ciudadanos seamos felices y estemos incorporados en el presupuesto y que el poder adquisitivo les dé, porque muchos esfuerzos hacen en algunos gobiernos de subir el sueldo mínimo, pero de manera paralela también suben los precios. También hay que cambiar el sistema carcelario, y la responsabilidad a los menores hasta los 16 años o hasta los 14 debiera ser una ley que le permita al sistema carcelario un trato discriminatorio, es decir, a los chicos entre los 14 y ellos 18 que les falta un proceso formativo, tener claro un proceso al interior de las cárceles”.